La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre
los servicios sociales municipales ha cundido entre los alcaldes que temen la
desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de
tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete
millones de personas. Regidores de todo signo político están elevando el tono
de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de
reforma local que tendrá lugar
el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del
Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración,
una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el
proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local
retira a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que
tengan más de 20.000 habitantes podrán hacer frente a una reducida labor de
“evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. El resto, será
competencia de la Administración autonómica.
El cambio que
introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de
Bases actual atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales,
promoción y reinserción social”. De ahí que los municipios, especialmente
aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los
años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores,
prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores
públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus
ciudadanos.
El periódico elpais.com 2013-10-15
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